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Recursos naturales, conflictos y deterioro medioambiental en África: el caso de la RD Congo

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Mbuyi Kabunda

Introducción

El 30% de las reservas mundiales de materias primas más cotizadas se encuentran en África. El Continente es también rico en recursos energéticos con el 10% de reservas mundiales de petróleo, el 7,2% de gas natural, el 30% de uranio, el 6% de carbono y la tercera parte del potencial hidroeléctrico mundial.
Sin embargo, estos recursos, en lugar de contribuir a la mejora de la situación socioeconómica de los pueblos africanos, se han convertido en la fuente de sus desgracias: los conflictos armados, la corrupción, el mal gobierno, el deterioro medioambiental y el mal desarrollo, generados por las rivalidades para el control de los recursos naturales, agudizan la miseria, dando del africano la imagen de “un hambriento sentado sobre una mina oro”. Estos recursos, pues, no han contribuido, en absoluto, a la mejora de los derechos económicos, sociales y culturales en África que representa 34 de los 49 países menos avanzados (PMA) del mundo. Es la única región del mundo donde la pobreza ha ligeramente disminuido.
En el mismo sentido, Xavier Harel (2007: 17-18), en su significativa obra sobre los efectos devastadores de la industria petrolera en África, subraya que África produce unos 80 a 100 mil millones de barriles de petróleo, generalmente ubicadas en el golfo de Guinea, sin embargo el oro negro no genera el desarrollo o la reducción de la pobreza en este Continente, sino todo lo contrario: es un “regalo envenenado”, que genera inestabilidad política, mal gobierno y guerras.
La realidad es que “África es hoy más pobre que en 1980”. Los casos más preocupantes son los de Angola y Guinea Ecuatorial. En el primer caso, la explotación del petróleo no es sólo off shore geográficamente, sino también lo es política y económicamente por su gestión opaca y por servir al enriquecimiento personal de los allegados al partido en el poder (la “nomenclatura petrolera”) en detrimento de los gastos sociales, en particular los de educación y sanidad que representaron respectivamente, entre 1997 y 2002, apenas el 3,4% y el 4,9% del presupuesto del Estado angoleño. Angola forma parte de los 20 últimos países en el ranking de IDH con el 63% de la población que vive bajo el umbral de pobreza (Messiant, 2001: 150ss), resultados de la dedicación de importantes fondos principalmente a la corrupción, y subsidiariamente a la compra de armas y a la defensa. En el segundo caso, el de Guinea Ecuatorial, el 80% de los ingresos petroleros está en manos del 5% de la población, con la consiguiente exclusión o marginación de las colectividades locales de los beneficios de este recurso nacional. Es decir, la “gestión patrimonial” del petróleo (Roitman y Roso, 2001: 156-157), además de conceder el gobierno el 87% de beneficios petroleros a las empresas extranjeras.
Llamativo también es el caso del gigante petrolero africano, Nigeria, que pese a conseguir 400 mil millones de dólares por el crudo, desde la independencia, y varios miles de millones de dólares de las multinacionales petroleras bajo la forma de IDE, incrementó su deuda de 31 mil millones de dólares en 2003 a 35 mil millones en 2005. La población del Delta de Níger, de donde procede el petróleo de este país, vive en condiciones paupérrimas al igual que la mayoría de la población nigeriana que padece la destrucción de su medio ambiente (oil calamity) y de sus modos de vida tradicionales (cf. Sébille-Lopez, 2006: 153-164; Jacquemot, 2013: 222). La corrupción generalizada y la mala gestión constituyen la principal explicación de esta situación.
Asistimos pues a nuevas formas de guerra nunca conocidas antes, en las que el acceso al poder pasa por el control de recursos naturales, en particular, los diamantes y el petróleo que han financiado y prolongado muchos conflictos en el Continente (Lwanda, 2003: 21), guerras que han sustituido a las de la época de la Guerra Fría con carácter ideológico.
Aunque las razones de estos conflictos son múltiples: culturales, confesionales, políticas, militares, tienen cierta continuidad histórica y son avivados por el contexto de la escasez de las tierras y la crisis, es decir, no se limitan al único aspecto económico a pesar de tener un carácter depredador y de captación de rentas (Hugon, 2007: 133), se trata de unas guerras sin principio, sin coherencia y sin ideología, y en las que sólo prevalecen los intereses de los barones corruptos de los gobiernos establecidos, de los señores de la guerra y los actores no estatales o las multinacionales, que se aprovechan del colapso de muchos Estados para proteger sus inversiones, conseguir nuevas rentas y exorbitantes beneficios, convirtiéndose en protagonistas de los conflictos con su consiguiente implicación en las actividades bélicas e ilícitas. Según Ben Hammouda (2002: 152), algunos Estados se han convertido, a la vez, en defensores y protectores de estas empresas, en particular, de Shell, Exxon-Mobil, Elf, CNOOC.
De este modo, los recursos naturales africanos, en lugar de servir para la mejora de las pésimas condiciones de vida de los pueblos del Continente, sirven paradójicamente para la financiación de las guerras y para la compra de armas en el mercado negro.
La ONG londinense Global Witness estableció cómo en Angola los ingresos de los diamantes eran utilizados para la autofinanciación por la guerrilla de la UNITA y los del petróleo servían para financiar el esfuerzo de guerra del gobierno, con la consiguiente privatización del conflicto, aprovechando la elite gubernamental el desorden político y económico nacido de la guerra para enriquecerse. Ambos bandos utilizaron la tregua de 1994-98, instaurada por los acuerdos de paz de Lusaka, para armarse a partir del comercio de recursos naturales y preparar la gran batalla, iniciada en diciembre de 1998, en violación del embargo sobre armas de la ONU (cf. Bamba y Massaki, 2003: 106ss). De este modo, las compañías petroleras y mineras, además de especializarse en la venta de armas, tienen una gran responsabilidad en las guerras civiles en África, responsabilidad establecida en el caso del conflicto de la RD Congo por los informes del Grupo de expertos de las Naciones Unidas, publicados en 2001, 2002 y 2003, que hablan de “explotación ilegal” y de “saqueo sistemático de los recursos naturales del Congo”. Por otra parte, las multinacionales compran a los pequeños traficantes del Kivu congoleño, en guerra, el coltán (colombo-tantalita) ⎯mineral estratégico solicitado en las industrias aeronáutica, química, farmacéutica, informática y de telefonía móvil por su fuerte resistencia a la erosión y altas temperaturas, y cuyo 80% de la producción mundial está en el Kivu congoleño⎯, a través de los países vecinos, a precios muy por debajo de los que existen en los mercados internacionales. La RD Congo, según la acertada puntualización de Botte (2002: 146-147. Cf también Pourtier, 2007: 101-103), se ha convertido en un caso emblemático de una economía de saqueo o de “la relación entre guerra y acumulación primitiva”, en la que están implicados los ejércitos extranjeros, los movimientos rebeldes, las élites locales y regionales así como las multinacionales.
Las áreas controladas por los rebeldes en la RD Congo representaron la “parte útil” del país: el Kivu es el granero de este país y dispone de enormes reservas de coltán, gas y petróleo; el Kasai tiene importantes yacimientos de diamantes; el Katanga es rico en cobre, cobalto, manganeso, uranio y otros minerales altamente cotizados; el Alto Congo (Kisangani) tiene oro, diamantes y petróleo. En Sudán, la verdadera razón de la guerra entre el norte y el sur del país, iniciada en mayo de 1983, era el petróleo y no la sharía como se suele afirmar. El acceso al petróleo del sur de este país fue la verdadera causa del apoyo por las multinacionales occidentales petroleras, en particular estadounidenses, a la independencia del Sur de Sudán (rico en petróleo, oro y uranio) con el proyecto de construcción de un ferrocarril y oleoducto entre Juba y Kenia pasando por Uganda, para transportar el petróleo. En la crisis del Darfur, el petróleo tiene parte de culpa (cf. Ludevin, 2005:80-81).
La desaparición de las financiaciones y apoyos externos de la época de la Guerra Fría llevará a los movimientos armados a buscar el control de los recursos internos, para autofinanciarse mediante actividades ilegales y de depredación. Los actores infra o extraestatales, para controlar los espacios geográficos y los recursos locales, intentan concentrarse en los territorios locales que la crisis del Estado-nación no permite al gobierno central controlar, para extorsionar a la población o para proceder a la comercialización de bienes o servicios, lícitos o ilícitos, para financiar sus actividades, desde la producción de la droga hasta la explotación y venta de los recursos naturales tales como los diamantes, el oro, el coltán, la madera o el caucho (Ben Hammouda, 1997: 60-62). Es decir, el aprovechamiento de los intercambios mundiales infraestatales.
El presente análisis pretende estudiar cómo los recursos naturales, además de las codicias de toda índole internas y externas, han influido en el desarrollo de las nuevas y futuras guerras en África, las estrategias utilizadas por los principales protagonistas de las guerras depredadoras o de rapiña y las consecuencias políticas, económicas y medioambientales para los pueblos africanos.
El interés de las grandes potencias por los recursos naturales africanos: el caso del petróleo y de los minerales EEUU apuesta claramente por el petróleo del golfo de Guinea en sustitución del petróleo de la zona conflictiva del Oriente Medio, por su fácil exploración y explotación al encontrarse en la zona off shore, es decir, lejos de los disturbios políticos y sociales y por su calidad superior por su baja tasa de azufre, de fácil explotación por encontrarse entre 1 y 2 kms de profundidad, y de evacuación marítima con seguridad, rapidez, y por encontrarse cerca de los mercados de consumidores europeos y norteamericanos reduciendo los costes de transportes, y sobre todo por las condiciones favorables ofrecidas por los gobiernos africanos a las multinacionales y a los inversores extranjeros, sin importar su nacionalidad, en cuanto al acceso a este recurso y a los bajos impuestos (cf. Favennec y Copinschi, 2003: 147-148; Sébille-Lopez, 2006: 138-139).
De este modo, según puntualizan de Lestrange, Paillard y Zelenko (2005: 158), el gofo de Guinea corre el riesgo de convertirse en una zona de tensiones geopolíticas y de rivalidades transatlánticas (Europa y Estados Unidos), a las que es preciso añadir la “petro-diplomacia” de China (la importante ayuda al desarrollo a cambio del petróleo), buscando cada uno conservar o mejorar sus posiciones en esta región prometedora por su petróleo poco explotado.
El Continente abarca muchas zonas con importantes reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), por descubrir, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro que se refiere al potencial petrolero del África Subsahariana.
Entre Estados Unidos y Francia, potencias aliadas y rivales en África, existen, por supuesto, crispaciones, tal y como se puso de manifiesto en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad dedicada a la RDC en enero de 2000: EEUU se limitó a la tibia condena de la violación de la integridad de la RD Congo, mientras que Francia exigió una intervención inmediata de la ONU en la RD Congo, para echar a las fuerzas de invasión y poner fin a la explotación ilegal de los recursos de este país por los vecinos.
No obstante, existe un acuerdo implícito sobre el papel de África: el suministro de capitales y de materias primas a precio de saldo y la conversión del “África útil” en mercado. Lo que permite a Francia extender su influencia más allá de su zona tradicional, el “pré-carré” o la Franciáfrica (desde las redes Foccart pasando por las redes Jean-Christophe Mitterrand hasta las redes Charles Pasqua y Jacques Chirac ⎯cf. Verschave, 1998; 2004; Gourévitch, 2004: 368-72⎯). El objetivo es mantener sus intereses económicos en el Continente y poder competir en la mundialización económica dominada por la triada Estados Unidos-Unión Europea y Japón. Estados Unidos apoyó la rebelión de Kabila contra Mobutu, en 1996, para tener acceso a los recursos minerales de la RD Congo (diamantes, cobre, uranio, cobalto, manganeso, uranio), cuya explotación fue confiada a las grandes compañías norteamericanas y surafricanas durante los primeros meses del poder de Laurent-Désiré Kabila. La revisión de los contratos firmados por Kabila, a quien se suministró fondos y armas a cambio de derechos de extracción de diamantes por las multinacionales juniors estadounidenses, explica en parte el asesinato del mandatario congoleño el 16 de enero de 2001.
La rivalidad entre EEUU y Francia para el control de los recursos naturales, y en particular del petróleo africano, viene ilustrada por el caso de Guinea Ecuatorial, considerada como el tercer productor de petróleo africano después de Nigeria y Angola, o el “Kuwait africano”, y el cuarto país en el que los EEUU invierten en el Continente, y que se convirtió a través de sus empresas petroleras sobre todo durante el mandato de George Bush hijo, en un importante socio económico. Las multinacionales mineras y petroleras de estas potencias intentan maximizar sus beneficios apoyando tanto a los gobiernos como a los movimientos rebeldes, tal y como sucedió con la petrolera francesa Elf Aquitaine (después TotalFinaElf), que financió en Angola tanto al gobierno liderado por el MPLA de José Eduardo Santos como a la rebelión armada de la UNITA de Jonas Savimbi, y en el Congo-Brazzaville tanto a Denis Sassou-Nguesso como a Pascal Lissouba, sin perder de vista que el actual conflicto del Darfur se explica en parte por los intereses petroleros chinos en Sudán. A cambio del petróleo, China ha suministró material bélico y aviones de combate al gobierno islamista sudanés, junto a la construcción de fábricas de armamentos en Jartum, del oleoducto de 1506 kms desde el centro-sur del país hasta Port-Soudan y la utilización de su derecho de veto para impedir las sanciones y el embargo sobre el petróleo de las NNUU contra el régimen sudanés por su guerra de agresión en el Darfur, según Rowan Callick (2007: 96). China, cuyo petróleo representa más de la mitad de sus importaciones procedentes de África, se ha convertido en el principal acreedor de fondos en el Continente con 8,9 mil millones de dólares suministrados a Angola, Mozambique y Nigeria, en 2007, mientras que el Banco Mundial pudo suministrar en el mismo año sólo unos 2,6 mil millones dólares a toda el África subsahariana, vendiendo de paso China su modelo de desarrollo a los africanos.
De igual modo, el “escándalo Elf” puso de manifiesto que esta petrolera francesa no sólo era la punta de lanza de la política africana de Francia y el epicentro de la Franciáfrica (Mafiáfrica según la terminología de Francois-Xavier Verschave, 2004), sino que además era un verdadero instrumento de financiación de los dirigentes africanos y de las clases políticas francesas, ambos aliados, a partir del petróleo africano y en detrimento de los intereses de los pueblos africanos (Harel, 2007: 83).
De todas maneras, los gobiernos africanos han sacado importantes beneficios del interés de las potencias externas por sus materias primas, sobre todo, de la lucha antiterrorista, recuperando, según Foucher y Jézéquel (2005: 135), una parte de las rentas externas que desaparecieron después de la Guerra Fría.
El caso de los diamantes en la financiación de los conflictos en África
Los diamantes, que algunos analistas tachan de “piedras sucias”, “piedras ensangrentadas”, “diamantes de la guerra”, “piedra de las piedras”, es un recurso en el que los países africanos pueden fundamentar su desarrollo a largo plazo por encontrarse en Botsuana, Sudáfrica, Namibia, RD Congo, Angola, Centroáfrica, Liberia, Sierra Leona, Guinea-Conakry, Ghana, Costa de Marfil hasta Mauritania y Malí. Desgraciadamente, se han convertido en fuentes de conflictos al servir para la financiación de la guerra en Angola, Sierra Leona, Liberia y la RD Congo.
El único país que ha podido sacar provecho de este producto para su desarrollo es Botsuana. Este país, primer productor mundial, pudo a partir de los ingresos procedentes de los diamantes (el 65% de los presupuestos del Estado), reducir a mitad en veinte años, entre 1970 y 1990, la tasa de analfabetismo, de la mortalidad infantil, junto a la mejora de la duración de vida, consiguiendo colocarse en el primer país africano en lo que se refiere a los índices de desarrollo humano con una tasa de crecimiento anual promedio del 13%, antes de la crisis económica y financiera internacional actual. Botsuana tiene a su favor, la pequeña población de 1 millón de habitantes casi monoétnica (el 79 % de los tswana), la armonía entre los jefes tradicionales y el Estado y una rigurosa e inteligente gestión pública y de los recursos naturales. El lado negativo, según denunció en 2002 la ONG Survival Internacional, es el traslado por la fuerza de miles de bosquimanos al desierto de Kalahari, por el gobierno de Botsuana, con el fin de extraer los diamantes localizados en sus tierras.
En los demás países, los diamantes se han convertido en un obstáculo al progreso dando paso a un sistema de depredación y a las guerras de “colonización económica de un país africano por otros”, según Bassin-Pour (2001), con importantes costes humanos: 300.000 muertos en Sierra Leona, 1,5 millón en Angola y más de 5 millones en la RD Congo.
En Angola, que tiene el 10% de las reservas de diamantes del mundo, la persistencia de la guerra y el fracaso de todos los acuerdos de paz se explicaron por la determinación de la UNITA de Jonas Savimbi de controlar las minas de diamantes en las provincias de Lunda Sur y Norte, diamantes comercializados con la complicidad de algunos jefes de Estado africanos, en la década de los 90 del siglo pasado, según las conclusiones contenidas en el informe de una comisión de investigación que la ONU encargó al embajador canadiense Robert Fowler.
Dicho comercio permitió a la UNITA convertirse en el primer exportador africano de diamantes, y dotarse con un verdadero ejército superarmado (cf. Bamba y Massaki, 2003: 107), que le permitió resistir unos diez años más sin recibir ninguna ayuda militar externa, y movilizar permanentemente a más de 25.000 efectivos. Esta misma voluntad de seguir con la guerra se explicaba, al lado del gobierno, no por la preocupación de restablecer la unidad territorial o nacional, sino por la voluntad de medio decena de generales del ejército, accionistas en las compañías de diamantes del país, de arrebatar a la UNITA la parte de diamantes que ella controlaba, para tener el monopolio de la comercialización de estas piedras. De este modo, la persistencia de la guerra en Angola obedeció a la firme determinación por ambas partes de controlar los diamantes, y por los intereses que las potencias extranjeras (Estados Unidos, Francia, Rusia y Portugal) tenían en la industria del petróleo, en manos del gobierno, y en el comercio de armas. Se llegó en este país a un insólito “acuerdo de caballeros”: los ingresos del petróleo para el gobierno y los de los diamantes para la UNITA, para financiar ambos sus esfuerzos de guerra, como queda subrayado.
Lo mismo puede decirse del impopular conflicto del Congo-Zaire ─que sigue en la parte oriental de este país, en las provincias del norte y sur del Kivu y en el Ituri, a pesar de su fin oficial en 2003 con la “retirada” de las tropas ruandesas y ugandesas─, en el que están implicados los países vecinos, y cuya duración se debe a la única voluntad de los beligerantes de controlar los potenciales recursos minerales de este país, que tiene el 8% de las reservas mundiales de diamantes.
La caída de los ingresos procedentes del cobre de la provincia del Katanga y del petróleo de Moanda condujo a Kabila (padre e hijo) a financiar la guerra con los diamantes de las provincias del Kasai, cuya parte de la concesión, la más rica, fue cedida a las empresas zimbabuesas controladas por los políticos y altos cargos militares de este país. La miseria que prevalece en estas provincias diamantíferas congoleñas, estancadas en las condiciones del siglo XIX, contrasta con sus riquezas en diamantes.
De igual modo, la presencia de las tropas de Uganda y Ruanda en el territorio congoleño, al lado de la rebelión, no se explicaba por la excusa oficial de seguridad, que necesitan ambos países, o por la instalación de un régimen aliado en Kinshasa, sino por el deseo no declarado de controlar el oro y los diamantes de la parte oriental de la RD Congo. Prueba de ello es que ambos países se han convertido en los principales puntos de tránsito para la exportación fraudulenta de estos minerales, que ellos no producen. Además, los enfrentamientos de sus cuerpos expedicionarios en la ciudad congoleña de Kisangani (en mayo de 1999, agosto de 1999 y mayo-junio de 2000), fueron dictados por la estrategia de los altos cargos militares de ambos ejércitos de ocupación para controlar las minas de oro y diamantes de esta parte. Los diamantes, en la opinión acertada de Pourtier (2007: 102), se convirtieron en el centro para conseguir los objetivos políticos y económicos.
La tasa de crecimiento anual del 9,7% y 6,2% realizada respectivamente por Ruanda y Uganda (promedio del 4% entre 1993 y 2001), en 2002, se explicaba no sólo por el buen gobierno y la importante ayuda externa, como pretendían The Economist (17 de enero de 2004) y el Banco Mundial en su informe anual sobre el desarrollo presentado el 27 de septiembre de 2004, sino también por el saqueo de los recursos de la RD Congo.
En cuanto a Sierra Leona, durante nueve años, la lucha por el acceso al poder pasó también por el control de los diamantes. Esta realidad explicó el enfrentamiento entre las tropas gubernamentales del presidente Ahmed Tejan Kabbah y la rebelión del Frente Revolucionario Unido (RUF), encabezada por Foday Sankoh.
Dos evidencias vienen a fortalecer esta tesis. En las negociaciones de 1996, entre la rebelión y el gobierno, la primera petición de Foday Sankoh consistió en exigir la retirada de los mercenarios surafricanos de la Executive Outcomes, que el gobierno encargó de la seguridad de las minas de diamantes del norte y este del país, considerados por los expertos como los mejores del mundo y de fácil extracción por ubicarse en los ríos. Estas minas fueron ocupadas, acto seguido, por las fuerzas rebeldes, con la consiguiente reanudación de la guerra. Lo mismo volvió a suceder en 1999, cuando Foday Sankoh exigió la presidencia de la Comisión de los Recursos Minerales, para supuestamente luchar contra la corrupción y el contrabando, en el marco de los acuerdos de Lomé, firmados con el gobierno en mayo de 1999. El RUF no tardó en violar estos acuerdos tras la decisión de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (MINUSIL) de impedir el acceso de sus guerrilleros a las minas de diamantes. En muy pocos años, el RUF, conocido por sus atrocidades cometidas sobre la población civil, consiguió movilizar a 15.000 guerrilleros y se dotó de un impresionante arsenal de guerra, conseguido a partir del tráfico de diamantes vendidos en los mercados internacionales, con la complicidad de los entonces jefes de Estado de Liberia (Charles Taylor) y Burkina Faso (Blaise Compaoré), que sacaron importantes beneficios personales de dicho tráfico. En África, el tráfico ilegal de los diamantes en el que están implicados los jefes de Estado y los señores de la guerra, pues, explican el estallido y la prolongación de muchas guerras civiles.
Sin ser causas exclusivas en los conflictos africanos, los recursos naturales son determinantes en su estallido y prolongación al permitir la compra de armas, la financiación de ejércitos o bandas y el control de territorios y poblaciones. En resumen, en Angola los 3.000 millones de dólares conseguidos por la UNITA con la comercialización de diamantes la permitieron dotarse con un verdadero arsenal de guerra en toda la década de los 90. En el mismo período, en Liberia y Sierra Leona, algunos movimientos de guerrilla ganaron varios centenares de millones de dólares (350 millones dólares anuales), mientras que en la RD Congo, Ruanda y Uganda consiguieron convertirse en los principales exportadores de diamantes de la zona al controlar toda la producción de diamantes de la región de Kisangani a través de movimientos rebeldes congoleños aliados, mientras que Zimbabue consiguió contratos millonarios con el gobierno de Laurent-Désiré Kabila, para la explotación de los diamantes del Kasai (cf. Le Billon, 2003: 306-307; Braeckman, 2003).
En lugar de contribuir al desarrollo de los pueblos africanos, los recursos naturales les han traído los sufrimientos inhumanos, el deterioro socioeconómico y la muerte (más de 5 millones de muertos en el Congo, más de 1,5 millones en Angola, 300.000 muertos y más de 1 millón de mutilados en Sierra Leona, 300.000 muertos en Liberia), tal y como se puede apreciar en el cuadro siguiente.
Botsuana ha sido, como queda subrayado, el único país que ha puesto los diamantes al servicio de su prosperidad económica, mientras que Angola invirtió unos 30 billones de dólares en el esfuerzo de guerra. De ahí la decisión acertada del Consejo de Seguridad de las Naciones, con su Resolución 1459 ─con la colaboración de algunos Estados, las multinacionales diamantíferas y la sociedad civil (ONG) que cooperan para excluir los diamantes de la guerra del comercio mundial legal de diamantes─, de actuar a partir de la fuente, con el embargo sobre el comercio ilegal de los diamantes procedentes de las zonas en conflicto mediante la adopción del “proceso de Kimberley” (Kimberley es la ciudad histórica de diamantes en Sudáfrica). El objetivo es romper la relación entre el comercio legítimo de diamantes y el comercio ilegal de los diamantes de guerra. De aplicarse esta decisión de moralización del comercio de las piedras preciosas, se privaría a los señores de la guerra y a los gobiernos beligerantes de sus principales fuentes de financiación de las guerras, y se daría un paso importante hacia la paz y el respeto de los derechos humanos. Dicho proceso redujo considerablemente la posibilidad de introducir los “diamantes de sangre” en el circuito del comercio internacional oficial. El objetivo, bajo la presión de las organizaciones de la sociedad civil, es poner, según Jacquemot (2013: 228), la riqueza minera al servicio del desarrollo socioeconómico de los pueblos.
De hecho, el Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley, adoptado en Interlaken en noviembre de 2002 y que entró en vigor el 1 de enero de 2003, exige para la exportación de diamantes un certificado de origen con el aval formal de las autoridades del país exportador y el envío de la confirmación de recepción por las autoridades del país importador. En lo estrictamente interno, los Estados miembros se comprometen a fabricar los paquetes inviolables para la exportación de diamantes, a fortalecer los controles internos, a adoptar leyes y esfuerzos para eliminar de su territorio la presencia de diamantes de guerra y a exigir para toda importación y exportación el certificado de origen conforme a las recomendaciones del Proceso (cf. D´Elsloo et al., 2004: 88-68; Jacquemot, 2013: 228). De ahí, la decisión acertada del Parlamento Europeo, en mayo de 2015, de extender el sistema de Kimberley a otros minerales, y al coltán en particular, para evitar que los minerales procedentes de las zonas en conflicto contribuyen a la financiación de la guerra en la RD Congo.
Es la única manera de poner estos minerales al servicio del desarrollo de las poblaciones locales y sus necesidades esenciales, mediante la previa instauración de la paz, de la reconciliación nacional y de una rigurosa gestión económica. Sin embargo, no se debe excluir que las rebeliones, sus aliados y las multinacionales del crimen hayan encontrado estratagemas para eludir estas precauciones. En definitiva, los diamantes se han convertido en un importante factor de crisis en África, al igual que el oro, la madera o el coltán que han seguido el mismo proceso.
En los principales países productores de diamantes (Sierra Leona, Angola, RD Congo, Centroáfrica), estos han servido a la financiación de los conflictos. La colaboración entre los señores de la guerra, las multinacionales mineras, las redes comerciales diamantíferas, más o menos ocultas de Amberes, de Tel Aviv y de Bombay han sido denunciadas por las ONG que luchan contra estos “diamantes de sangre” y los tráficos de armas con los que están vinculados, en particular la Organización Global Witness. Es este el contexto que las grandes empresas de Sudáfrica y de Botsuana, preocupadas por su respetabilidad, han elaborado “el proceso de Kimberley”, que establece las condiciones de producción y comercialización en los mercados de un diamante limpio, cuya trayectoria debe demostrar que no está vinculado con los conflictos (Gentelle, 2008: 266). Es decir, la comunidad internacional instauró el principio de la certificación del origen de las piedras.
Las multinacionales y el saqueo de la República Democrática del Congo Desde que este país, verdadero prodigio en recursos naturales y que abarca el 70% de la selva ecuatorial africana con el segundo río del mundo, fue creado por el rey Leopoldo II en 1885, como finca personal, hasta la actualidad, siempre ha sido objeto de un saqueo sistemático. Dicho sea de paso, que durante la Segunda Guerra Mundial, para apoyar el esfuerzo de guerra de los aliados, se procedió a la explotación del uranio de Shinkolobwe (en el Katanga), completamente agotado, utilizado para la fábrica de la bomba atómica de Hiroshima y Nagazaki, mientras que el cobre sirvió para la fábrica de armas y de municiones de guerra. En 1996, cuando empezó la guerra de liberación de Kabila con la toma de importantes localidades en las provincias orientales congoleñas del Kivu, Kasai, Alto Congo y Katanga, aparecieron las multinacionales financieras y mineras interesadas en la explotación de los recursos naturales del Congo. Muchas de ellas firmaron acuerdos de explotación tanto con el gobierno de Mobutu como con la rebelión de Kabila, para elegir la mejor oferta.
Según el Informe de la ONU, redactado por los expertos de la organización mundial a la demanda del Consejo de Seguridad, informe publicado en marzo de 2001, “las actividades comerciales de los países agresores en la RDC superan el calificativo de `explotación´ ilegal para alcanzar el de `saqueo sistemático´, cuyos destinatarios finales son, en el orden de importancia económica, los países siguientes: Estados Unidos, Alemania, Kazajistan”. Fuente: Gentelle, P. (dir), Géopolitique du monde contemporain, Nathan, París, 2005, p. 266 (N. et R Pourtier)
Sin la colaboración de las multinacionales, que controlan la producción y distribución de las piedras preciosas en los mercados internacionales, tal explotación no hubiera sido posible. Es preciso, como ya lo hizo Wangari Maathai (2010: 309-324), que la cuenca del río Congo o el África ecuatorial (flora y fauna), que constituye la segunda biodiversidad del mundo después de Amazonia y donde viven 50 millones de personas, está amenazada de desaparición a corto plazo por las guerras y las excesivas e incontroladas actividades de las multinacionales madereras, europeas y asiáticas.
Soluciones al conflicto de los Grandes Lagos y en particular de la RD Congo En definitiva, el conflicto de la RD Congo, donde se produjo la llamada “primera guerra mundial africana”, según concuerdan todas las fuentes, tiene un escalofriante balance de millones de muertos, es decir víctimas directas e indirectas de más de quince años de un conflicto absurdo, que ha generado la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial . La solución pasa por: El control de las actividades de las multinacionales a las que se debe imponer un código de comportamiento moral, y permitir a los pueblos ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales, es decir, la promoción y defensa de sus derechos económicos y sociales. La aplicación de sanciones a los países beligerantes de la zona, y en particular los con prácticas expansionistas e intervencionistas. El embargo sobre los productos saqueados de la RD Congo, mediante el sistema de “certificados de origen”, tal y como se ha experimentado en el caso de Angola, para la identificación de los diamantes según su origen, para evitar así los “diamantes conflictivos”.
La creación de un Tribunal Internacional, para juzgar a los responsables de las 29 multinacionales y los 54 individuos implicados, mencionados en el informe de la ONU de octubre de 2002, por crímenes económicos, y la consiguiente devolución de los ingresos robados al pueblo congoleño para financiar su desarrollo.
La democratización de todos los países de la zona, para erradicar las raíces de los conflictos y permitir a los pueblos ejercer el control parlamentario sobre sus gobiernos.
El fin del proceso actual del acaparamiento de las tierras por las empresas y los gobiernos del Norte y asiáticos. Son tierras étnicas que se debe devolver a sus verdaderos dueños, los campesinos, para que las dediquen a los cultivos de autoconsumo y de autosuficiencia alimentaria.
Como solución a medio y largo plazo, poner el Estado al servicio de la mayoría de la población fortaleciendo sus instituciones, un Estado atento a las demandas y aspiraciones de los jóvenes que, por falta de empleo y en el contexto de deterioro de las condiciones económicas y sociales y de explosión demográfica, se dedican a la guerra y al saqueo de recursos naturales para su supervivencia. El auge actual del yihadismo o del islamismo actual, en el Sahel, el norte de Nigeria con Boko Haram y en el cuerno de África con Al Shabaab, se explica por la exclusión de la juventud por los Estados fallidos, o en la opinión de Boniface (2014: 74), por el fracaso de las ideologías modernistas tales como el nacionalismo árabe y el panafricanismo. Es decir, la apuesta por un desarrollo socialmente duradero para prevenir las violencias.
Conclusión
La prolongación de las guerras en África, y en particular en la RD Congo, tiene como principal objetivo, sin ser la única causa, la perpetuación de los saqueos lucrativos, con la colaboración de las redes internacionales mafiosas y de las multinacionales por los intereses que tienen en los recursos estratégicos o los minerales altamente cotizados en los mercados internacionales, y conseguidos a precio de saldo. Los pueblos africanos no sacan ningún provecho de la explotación de sus recursos naturales, saqueados por las multinacionales europeas y norteamericanas.
Todo lo contrario, y como queda subrayado, constituyen la fuente de sus desgracias, por alimentar las guerras como en el caso de la región de los Grandes Lagos en torno a los diamantes y al coltán.


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